El pasado 29 de diciembre se publicó la Ley 35/2014, que modificó el régimen jurídico de las Mutuas. Esta norma prohíbe a las Mutuas desarrollar las funciones como servicios de prevención ajenos (SPA), así como participar en sociedades cuyo objeto sea prestar estos servicios. Los SPA son empresas especializadas en prevención de riesgos laborales que ofrecen a otras empresas sus servicios  para el desarrollo de las actividades preventivas.

La citada norma establecía el plazo del 31 de marzo para que las Mutuas hicieran las modificaciones oportunas para adaptarse a la nueva normativa: obliga a la venta de todas las sociedades de prevención o bien a su disolución. También establecía que todas las operaciones que se llevasen a cabo deben contar con el visto bueno del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
La Ley 35/2014 modifica el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales señalando que las  Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención.
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid ejerce la función, como autoridad laboral, de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas y control de la calidad de los servicios que prestan y del mantenimiento de los requisitos.
El IV Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid persigue, como uno de sus objetivos prioritarios, mejorar la eficacia y calidad del sistema de prevención, y ello a través de líneas de actuación dirigidas al seguimiento y control de la calidad de las actuaciones de los SPA, a la evaluación de la eficacia de los sistemas de prevención y a la promoción de la integración de la prevención en las empresas.